Corredera advierte de que el bipartito “dilata” la modificación de la ley de incompatibilidad de los altos cargos de la Junta

La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP andaluz, Ana María Corredera, advirtió hoy de que el bipartito “dilata” la modificación de la ley de incompatibilidad de los altos cargos de la Junta de Andalucía, que contaba con un plazo de seis meses para “modificar” la norma y así “fijar las relaciones de contratación de los miembros de unidad familiar de los altos cargos” con la Administración, pero “todavía no se ha presentado ni se ha aprobado para su adecuación normativa” tras agotar los dos plazos fijados, es decir, el del 4 de julio de 2012 y el 4 de enero de 2013, informó.

Durante una rueda en Sevilla, Corredera indicó que han pasado más de diez meses y la adecuación normativa para los altos cargos “aún sigue pendiente”, mientras que la de los diputados de la Cámara autonómica si se ha efectuado y éstos “han presentado su declaración”, por lo que  reprochó al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que “incumpla” sus compromisos legislativos y consideró que “el verdadero interés” del  Gobierno andaluz es que “no haya transparencia”.

Por esto, anunció que el Grupo Parlamentario Popular solicitará la  comparecencia del Gobierno bipartito para qué explique por qué “no ha habido voluntad política” para desarrollar y aprobar la modificación de la ley de incompatibilidad de los altos cargos de la Junta.

El escándalo Invercaria sigue in crescendo

“¿A qué tienen miedo?”, preguntó Corredera, quien aseguró que la corrupción en Andalucía, citando los escándalos de los ERE o Invercaria, “es el resultado de la falta de transparencia en la Administración y del fraude del dinero público, que durante décadas los gobiernos socialistas han permitido en detrimento del crecimiento económico y la creación de empleo en nuestra tierra”.

En base a esto, exigió al bipartito que haga pública la lista y el número de cargos de confianza y de directivos que trabajan en la Junta de Andalucía,  así como la de “los familiares y amigos del PSOE e IU, lo que nos cuestan y sus retribuciones”, agregó.

Al hilo de esto y en relación al caso Invercaria, agregó que el PP andaluz “espera que no se vete la comparecencia del Sr. Vallejo en el Parlamento” en base al artículo 44.4 del Reglamento que “permite pedir la compareciera de cualquier persona”, además de que exigió a la Junta que “se persone como gran perjudicada en la causa” y que “asegure que las malas prácticas” en la sociedad de capital riesgo “se han corregido y no se están dando más casos como este”.

Recordó que desde que saltó el escándalo de Invercaria, Griñán y Ávila “han defendido la transparencia y la legalidad en la gestión” de la sociedad de capital riesgo, incluso el consejero de Empleo “llegó a decir” en el Parlamento que “no había caso”, pero la Justicia imputó al máximo responsable de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo.

“El escándalo sigue in crescendo. Ahora Pérez Sauquillo apunta al ex consejero Vallejo y asegura que éste estaba al corriente de la gestión de Invercaria, pero para sorpresa de todos y la vergüenza del gobierno socialista también hemos conocido que el propio ex director financiero de Invercaria, Antonio Nieto, ha admitido ante la Justicia que fue contratado a dedo por ser amigo del hermano de Pérez Sauquillo, que sólo tenía el bachillerato, no tenía currícum para ocupar ese puesto e incluso desconocía que era una sociedad de capital riesgo, pero cobraba 60.000 euros”, lamentó Ana María Corredera.

Según Corredera, el escándalo de Invercaria “acaba de empezar y dará muchos quebraderos de cabeza” al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a quien le exigió que “rompa su silencio y diga todo lo que sabe para que no vuelva a repetirse el bochornoso escándalo de los ERE”.

Por último, consideró que el Gobierno andaluz ha querido seguir con el escándalo de Invercaria el mismo guión de los ERE: negar el caso, minimizar la importancia de las irregularidades que vamos conociendo por la instrucción judicial, obstaculizar la investigación y  eludir la responsabilidad política.