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El Gobierno de PP y Cs en la Junta acabará con el alquiler y la dispersión de sedes judiciales lo que beneficiará a Huércal-Overa, Roquetas de Mar y Vera

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Rosalía Espinosa ha intervenido hoy en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para preguntar al consejero Juan Marín por el gasto de alquiler en oficinas judiciales en Andalucía y en la provincia de Almería, un gasto que actualmente asciende a más de 25 millones y que según ha señalado el propio Marín tiene los días contados porque el objetivo del Gobierno del cambio es “poner fin a este modelo de arrendamiento para paulatinamente ir adquiriendo en propiedad estos edificios”.
Espinosa ha señalado que se trata de una medida muy importante para la provincia de Almería, donde actualmente se encuentran en alquiler los edificios judiciales de Huércal-Overa, Roquetas de Mar y Vera, y ha manifestado que “será el Gobierno del PP y Cs en la Junta el que por fin ponga en orden una situación que ha sido denunciada y criticada por el TSJA y por la Cámara de Cuentas de Andalucía”.
Con esta medida, acompañada por un Plan de infraestructuras judiciales que también está previsto que se lleve a cabo, se producirá un paso importante porque “se reducirá el gasto y se dará dignidad a las sedes judiciales andaluzas”.

En su intervención, la parlamentaria almeriense ha señalado que tras haber pasado 22 años desde que se transfirieron las competencias a la Junta de Andalucía, la Administración de Justicia está en una situación “más precaria, con más déficit, colapsada y con infraestructuras envejecidas”.
“Las infraestructuras judiciales han sido otro de los fracasos de los sucesivos gobiernos del PSOE, gobiernos que han sido incapaces de cumplir su propio Plan de infraestructuras judiciales, y que han sido incapaces de elaborar uno nuevo como se le ha pedido en la Comisión de Justicia en innumerables ocasiones tanto el GPP como Cs”, ha dicho.
Rosalía Espinosa ha instado a Juan Marín a cumplir con el Plan de infraestructuras para lograr por fin ahorrar en alquileres de sedes judiciales, ya que según ha explicado en los dos últimos años se ha producido un incremento del gasto en alquiler de dichas sedes superior al 70%, y actualmente, de las 164 sedes judiciales que hay en Andalucía, 76 son propiedad de la Junta, 18 cedidas y 70 están alquiladas.
“Una vez más tendrá que ser el Gobierno del cambio el que ponga orden a una situación que los socialistas han sido incapaces de solventar. Por fin hemos pasado en materia de Justicia del conformismo a la búsqueda de calidad y la excelencia”, ha finalizado.