El Gobierno de Sánchez reconoce un incremento de casi el 90% de la ocupación de inmuebles en la provincia desde 2015

• Miguel Ángel Castellón afirma que la ocupación es un delito que hay que atajar cuanto antes y aboga por el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo de 24 horas

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha lamentado hoy que la ocupación ilegal de viviendas siga incrementándose en la provincia tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria en la que asegura que Almería ha pasado de tener 147 viviendas ocupadas en 2015 a 279 en 2022, una cifra que deja claro que las políticas desarrolladas por los socialistas en esta materia no están dando sus frutos.

Castellón señala que la ocupación es un delito que hay que atajar cuanto antes y aboga por el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo de 24 horas si no pueden acreditar un título jurídico válido de la vivienda donde viven. Además, el diputado del PP señala que es necesario que se aplique el desalojo inmediato en caso de flagrante ocupación, que se refuercen las penas por delito de usurpación de vivienda y que se mejore la protección jurídica frente a las actuaciones de mafias.

Otras de las medidas impulsadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en esta materia son que se anule la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal; prohibir que un inmueble ocupado pueda tener consideración de morada; devolver a los propietarios el IBI e impuesto de patrimonio mientras la vivienda sea ocupada; y reforzar los equipos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Tribunales de Justicia a fin de garantizar la eficacia de las modificaciones legales que se implementen.

El diputado del PP aboga por ayudar y proteger a las familias sin recursos, pero señala que no comprende que propietarios que han adquirido una vivienda con muchísimo esfuerzo, trabajo y ahorrando durante muchos años de su vida, tengan que soportar que un ocupa esté en su domicilio y no se haga nada por sacarlo de una vivienda que no es suya.

Miguel Ángel Castellón señala que estamos ante un grave problema al que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado la espalda y que lamentablemente va a más. “No es un problema de ricos, sino de las clases medias y trabajadoras que lo único que pretenden es que se les garantice su derecho a vivir en paz e invertir sus ahorros en una vivienda con la garantía de que no se la van a ocupar”, afirma.

Por último, el diputado del PP de Almería asegura que la ocupación de una vivienda altera también la convivencia vecinal y deja en una situación de indefensión a los vecinos de comunidades de propietarios en las que se han instalado los ocupas, por ello, señala que cuando el PP llegue al Gobierno de España tomará medidas para que se reconozca a las comunidades de vecinos como personas jurídicas