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El PP denuncia que la auditoría de la Faffe llega «mutilada» al Parlamento

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha denunciado hoy que la auditoría de la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), reclamada por los grupos parlamentarios en el marco de la Comisión de Investigación sobre el fraude de la formación, ha llegado «mutilada» al Parlamento, de manera que los grupos sólo han recibido una cuarta parte del documento, 56 páginas de un total de 227.

 

Junto a la portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento, Teresa Ruiz Sillero, recordó que el documento llega con retraso, diez meses después de que fuera reclamado, y posteriormente a que el gobierno andaluz lo filtrara a un medio de comunicación.

 

«Es una burla del gobierno andaluz», dio Ruiz Sillero, quien añadió que la Junta se ha encargado de «teledirigir» la elaboración de la auditoría; «maquillar» los datos y «filtrarlos interesadamente», por lo que reveló que el PP ha presentado una queja formal en la Cámara Autonómica.

 

El PP explicó algunas de las lagunas que contiene la documentación que han recibido los grupos, como el hecho de que las comprobaciones de los expedientes sólo se extiendan hasta el 4 de mayo de 2011, cuando la Faffe se extingue y su infraestructura pasa a ser absorbida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). «Hay expedientes que a fecha de hoy aún están sin liquidar», aclaró.

 

Igualmente, señalaron que no se analizan las facturas de gasto de los expedientes de subvenciones, y que el documento sólo se limita a decir que «se han contabilizado correctamente los ingresos».

 

Pero quizá el dato más alarmante es que la auditoría no analiza las 55 subvenciones que la Faffe recibió entre 2010 y 2012 por un total de 173,6 millones de euros, sino que se limita a un «muestreo» de 12 ayudas de las que sólo dos corresponden a fondos de formación para el empleo «que es donde está la clave», subrayaron.

 

Uno de esos dos expedientes corresponde a la subvención para un  Plan Formativo para los ex trabajadores de Delphi, al que se le atribuyen múltiples irregularidades, que ha sido ha reclamado por los grupos desde el inicio de la Comisión de Investigación, pero que tampoco se ha remitido al Parlamento por parte del gobierno andaluz.

 

El PP recuerda que el Parlamento aprobó una iniciativa fiscalizadora de la Faffe completa, y que corriese a cargo de la Cámara de Cuentas.

 

«¿Acaso hay gato encerrado?», preguntó Carmen Crespo, quien  reprochó a la Junta que «ponga continuamente obstáculos a la información y a la transparencia en Andalucía», y recordó que el objetivo final de acceder a toda esta documentación es «establecer un sistema para que se recupere el dinero defraudado, y que  éste se pueda utilizar para los desempleados andaluces que necesitan una oportunidad pero que no pueden aprovechar esas políticas activas de empleo que la Junta les cercena y les paraliza».