El PP derogará la “ley de okupa e incendia la calle” promovida por Sánchez para satisfacer a sus socios radicales

• Matarí y Castellón aseguran que “nada justifica la necesidad de reformar una ley que se ha aplicado con normalidad”
• La contrarreforma del Gobierno rompe con el equilibrio entre libertad y seguridad y desarma y desprotege a los policías y guardias civiles
• Recuerdan que los índices de criminalidad se están incrementando año tras año y que en la provincia de Almería ha subido un 17,5%

Los diputados nacionales del PP de Almería Juan José Matarí y Miguel Ángel Castellón han mantenido esta semana una reunión con responsables de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la que les han trasladado la preocupación del Partido Popular por la contrarreforma que el Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo sobre la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y han destacado que cuando el PP llegue al Gobierno de España derogará todas aquellas modificaciones que afecten negativamente a la seguridad de los ciudadanos y protección de los Cuerpos y Fuerzas que velan por nuestra seguridad.

Según explica Matarí estamos ante una nueva cesión de Sánchez a sus socios radicales y populistas con el fin de derogar los preceptos más relevantes de esta ley que aprobó el Gobierno del PP, una decisión errónea que además se produce en un momento en el que se están incrementando los índices de criminalidad, en el caso de la provincia de Almería alcanzando el 17,5%.

El diputado del PP recuerda que la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 supuso un avance en la protección de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que pudieran cumplir de manera más eficaz con sus funciones. El resultado ha sido que durante su vigencia se ha demostrado que es una herramienta útil para prevenir las amenazas y sancionar los comportamientos incívicos y violentos.

“Nada justifica la necesidad de reformar una ley que se ha aplicado con normalidad, que ha protegido nuestras libertades y derechos, que ha supuesto un avance en nuestra convivencia y que ha dado mayor protección a los CFSE y al ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica frente a los violentos”, ha destacado.

Por su parte, el diputado nacional del PP, Miguel Ángel Castellón, explica que esta contrarreforma del Gobierno de Sánchez no cuenta con los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo Fiscal, es decir, de aquellos organismos que ejercen el control previo de legalidad. Y tampoco ha sido negociada ni con representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ni con las Comunidades Autónomas.

Castellón ha puesto como ejemplo algunas conductas que pueden quedar impunes o reducir su sanción tras la derogación de los aspectos esenciales de la Ley. “Con las modificaciones de Sánchez ahora se permite grabar y difundir imágenes de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; se podrán realizar concentraciones o manifestaciones sin comunicación previa o se limitan las posibilidades de identificaciones y cacheos. En definitiva es una reforma llena de inseguridad jurídica tanto para los integrantes de los cuerpos policiales como para el conjunto de la ciudadanía”, finaliza.