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El PP propone una ley andaluza de subvenciones que regule la situación de estas ayudas

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Crespo, anunció hoy una Proposición No de Ley sobre medidas de regeneración en el uso, gestión y control de los fondos públicos que definió como «constructiva, necesaria y muy importante para el devenir de Andalucía, para las empresas y para las personas que en estos momentos están pendientes de las subvenciones de la Junta de Andalucía», al mismo tiempo que defendió la necesidad de una ley andaluza de subvenciones que aporte una regulación «clara y eficaz».

Así, recordó que en estos momentos las subvenciones en Andalucía se rigen por una Ley General de Hacienda de la Junta y por el decreto 282/2010 de reglamento de procedimiento de concesión de subvenciones, ante lo que aseguró que hay comunidades autónomas que tienen su ley de subvenciones como es el caso de Galicia, Aragón, Extremadura, Murcia, Castilla León y Madrid, algo que, según dijo, «hace que se elimine la dispersión».

«Creemos que es muy importante esta ley y que se de otra imagen pública de nuestra comunidad que no sea la de la falta de procedimiento ni de procedimientos fraudulentos en estos momentos», agregó.

Así, apuntó que los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas denuncia la falta de diligencias de la Junta donde hay miles de millones en libramientos pendientes de justificar, subvenciones a la Faffe sin justificar y exoneraciones, por lo que recalcó que «hay que acabar con todo ello por el bien de personas y empresas beneficiarias cumplidoras así como de la propia hacienda pública.

De esta forma, incidió en la importancia de la creación de una Base de Datos de subvenciones a la Junta accesible en el Portal de la Transparencia de la Junta que permita conocer la imagen fiel de todo el procedimiento de concesión, ejecución, pago y justificación de las subvenciones, así como la existencia de procedimientos de reintegro y de los resultados del mismo.

La popular señaló la necesidad de implantar un Plan Extraordinario de Revisión de Do­cumentación Justificativa de Subvenciones, con la finalidad de reducir plazos, desbloquear la parálisis de convocatorias y agili­zar los numerosos procesos de verificación pendientes, reducir los libramientos pendientes de justificar fuera de plazo, así como culminar el proceso administrativo para el abono, eliminando el perjuicio que para los beneficiarios supone la excesiva demora, o en su caso exigir el reintegro de subvenciones.

En este punto, destacó que»en este momento se tapan los retrasos en los pagos de subvenciones por lo que a aquellos que cumplieron con su obligación y justificación aún la Administración no le ha liquidado la parte restante». Como ejemplos de retrasos en los pagos de las subvenciones, se refirió al Plan de Construcción Sostenible, a las ayudas a los ayuntamientos en los planes de empleo, a los centros infantiles y a la atención temprana.

Crespo también hizo alusión a los reintegros de la Junta y destacó que en el año 2014 se establecieron 235 millones de euros pedidos de reintegro aunque matizó que sólo se consiguieron recaudar 44 millones de euros. » El SAE reconoció reintegro por 30 millones de los que tan sólo se han recaudado 8; en 2015 412 millones de los que sólo se han recuperado 94 y en 2016 se reconoce que hay pedidos en reintegros 428 millones y aún no sabemos que es lo que va a ocurrir con esto», sentenció.

Asimismo, insistió en que hay que reducir los libramientos pendientes de justificar y explicó que en el cierre de 2014 la cuenta general certifica 2.568 millones de euros de pago y 120 millones a las agencias que aún no se han justificado o que no han acreditado la correcta aplicación de los fines.

Además, explicó que en esta PNL también hace alusión a la eliminación del uso opaco y sin control de las exoneraciones de obligaciones de justificar subvenciones públicas, y creación de un Registro de Exoneraciones con el objeto de tener conoci­miento y control de todas las realizadas por la Administración de la Junta de Andalucía, según las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Del mismo modo, en ella se recoge la Publicación de un Calendario Oficial de los Programas de Ayudas donde se fijará un compromiso de fecha tope para la resolución de convocatorias y un compromiso de pago, para que los beneficiarios de incentivos conozcan con certeza cuando cobraran las ayudas, así como el establecimiento de plazos máximos para revisión de la documentación justificativa de subvenciones y de los efectos del incumplimiento de dichos plazos en la propia normativa de regulación y convocatoria de las mismas, dando cumplimiento a lo establecido en el articulado de la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015.

La portavoz popular defendió el impulso del conocimiento de la labor de intervención y la labor de control del Parlamento de Andalucía y afirmó que sería positivo establecer una relación de transparencia entre la Intervención y el Parlamento como tienen los responsables de otros departamentos del Gobierno andaluz, así como que éste comparezca una vez al año en el Parlamento.

También apostó por la creación del Cuerpo de Interventores de la Junta de Andalu­cía, con conocimientos específicos en control del gasto público, a fin de efectuar un control presupuestario y financiero más espe­cializado y riguroso e incrementar los medios materiales necesarios para adecuarlos a la correcta y ágil realización de la labor de intervención y control financiero de los fondos públicos y subvenciones.

Finalmente, hizo alusión a la posibilidad de establecer un régimen sancionador para aquellos cargos públicos que por falta de responsabilidad y de diligencia en su labor permitan que los libramientos pendientes de justificar prescriban.

«Es una PNL muy oportuna, absolutamente necesaria en Andalucía porque las subvenciones deben estar reguladas, organizadas, conocidas y transparentes porque las cosas en Andalucía se tienen que hacer de otra forma», concluyó.