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La Junta adeuda más de 60 millones a las corporaciones locales por la ayuda a domicilio

La coordinadora del PP andaluz y diputada en el Parlamento de Andalucía Arancha Martín denunció hoy que la Junta adeuda más de 60 millones de euros por el servicio de ayuda a domicilio a los ayuntamientos de las ocho capitales andaluzas y las diputaciones de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga. La diputada popular afirmó que esta cantidad se incrementaría de forma notable con la deuda a las diputaciones de Huelva, Jaén y Sevilla, sobre la que no conocemos los datos.

 

Martín afirmó que los impagos de administración autonómica están llevando a las corporaciones locales a una situación extrema, ya que “se están convirtiendo en el banco solidario de la Junta, actúan como entidades financieras que adelantan el dinero para poder seguir prestando los servicios de dependencia a los ciudadanos y para pagar a los trabajadores.”

 

La dirigente popular aseguró que “la Junta paga tarde, mal y nunca, incumpliendo reiteradamente la orden que fija los plazos de pago, lo que provoca problemas de liquidez en las corporaciones locales.” Explicó que ayuntamientos y diputaciones se ven obligados a detraer recursos de sus propias competencias para hacer frente a los servicios que la Junta no paga.

 

Además, acusó a la Junta de romper unilateralmente el acuerdo para gestionar la ley de la dependencia al haber rebajado de 20 a 10 millones de euros la financiación para la contratación de trabajadores sociales y auxiliares. “Esto va a significar –dijo- que personas que están trabajando pierdan su empleo y que los servicios que se prestan sufran un deterioro”.

 

Martín señaló que todo esto se produce a pesar de que el gobierno andaluz ha ingresado para dependencia 43 millones de euros más en 2013, derivados de la rebaja del 15 por ciento en las ayudas económicas a los cuidadores.

 

La coordinadora popular recordó que el informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la dependencia entre 2007 y 2011, puso de manifiesto que “los gobiernos socialistas en España y en Andalucía la ley en papel mojado”. Según este informe, la lista de espera aumentó del 25 en 2010 al 29 en 2001, con un descenso de la financiación de 230 millones. Sin embargo, en 2012 con el gobierno del PP la lista de espera se redujo del 29 al 23 por ciento y se incrementaron los recursos en 122 millones de euros.

 

El Tribunal de Cuentas puso además en evidencia que casi 30.000 dependientes fallecidos seguían computados como beneficiarios, lo que incrementó el gasto en 140 millones de euros. Andalucía fue la comunidad autónoma con más fallecidos que seguían contabilizados, con un total de 4.124, por lo que la Junta recibió 24 millones de euros.

 

Por último, Martín recordó que también el Defensor del Pueblo acusó a la Junta de Andalucía de paralizar la ley de Dependencia y de falta de financiación.