Rosario Soto afirma que la Junta “hiere de muerte” la Ley de Dependencia por la vía de los impagos

La parlamentaria andaluza del Partido Popular Rosario Soto, acompañada de concejales de Asuntos Sociales de la provincia y de la diputada de Bienestar Social, Almudena Valentín, ha denunciado esta mañana el “acoso” del Gobierno andaluz a las entidades locales en materia social, y ha señalado que esa asfixia viene por dos vías, a través de los impagos, y por la vía de los recortes presupuestarios.

Soto ha explicado que en los dos años del gobierno bipartito, la Junta ha pasado de transferir 105 millones a Ayuntamientos y Diputaciones en Andalucía, a 57 millones. “En total se ha recortado a todas las entidades locales 48 millones de euros”, ha afirmado.

Concretamente, la parlamentaria almeriense ha expuesto que en materia de Drogodependencia, las trasferencias de la Junta a las entidades locales han pasado de 15 millones a 7; los programas de atención a la infancia se han reducido de casi 19 millones a 14 millones; los servicios sociales comunitarios han sufrido un recorte de 32 millones de euros, pasando de 67 millones a tener un presupuesto de 35 millones de euros; y los servicios sociales especializados prácticamente desaparecen en los presupuestos, reduciéndose de 4 millones a 239.000 euros.

Gracias al Gobierno de Rajoy se efectúan pagos en materia social

Rosario Soto ha vuelto a denunciar que los impagos en materia social de la Junta con la provincia de Almería superan los 20 millones de euros. Y ha dejado muy claro que “el único pago que se está haciendo de la deuda social en Andalucía y Almería es el que se ha incluido en el Tercer Plan de Proveedores, puesto en marcha por el Gobierno de Rajoy”.

“El Ministerio transfiere directamente el dinero a las entidades locales sin pasar por el Gobierno Andaluz. Gracias a la sensibilidad del Gobierno de Mariano Rajoy se están efectuando pagos en materia social a las entidades locales, mientras que la Junta lleva seis meses sin transferir ni un euro”, ha manifestado.

Sobre la Ley de Dependencia y concretamente el Servicio de Ayuda a Domicilio, Rosario Soto ha recordado que la Junta se comprometió a adelantar el dinero a las entidades locales cada seis meses, y luego cada dos meses, para que pudieran prestar el servicio. Sin embargo, “la Junta incumple sistemáticamente el convenio y son las entidades locales las que ejercen de financiera de la Comunidad Autónoma en materia de ayuda a domicilio”.

La parlamentaria del PP ha insistido en que aunque los Ayuntamientos tiene la mejor intención, la situación económica por la que están atravesando es muy complicada, por ello “tanto los alcaldes como el presidente de la Diputación están sopesando denunciar o no prorrogar el convenio de servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia por los impagos de la Junta, y que sea ésta la que preste el servicio”.

“La única administración responsable de esta situación es la Junta porque no paga a los Ayuntamientos, y es rotundamente falso que se al Gobierno Andaluz el que mantienen la Dependencia”, ha afirmado.

Por último, la parlamentaria del PP ha recordado que mes tras mes el Gobierno de la Nación transfiere a Andalucía 33 millones de euros en materia de Dependencia, sin embargo, la deuda que la Junta mantiene con las entidades locales en toda la comunidad puede superar los 100 millones. ¿Si reciben el dinero y no lo pagan a los Ayuntamientos ni entidades sociales, a qué lo destinan?, se ha preguntado.

Desglose de la deuda de la Junta con las entidades locales en materia de Asuntos Sociales

Por su parte, la parlamentaria del PP Aránzazu Martín ha desglosado la deuda que la Junta mantiene con las entidades locales de la provincia en materia de asuntos sociales.

Martín ha explicado que solo en Dependencia la Junta adeuda a las corporaciones locales de la provincia casi 14 millones de euros. En este sentido ha manifestado que en el dinero que trasfiere el Gobierno Andaluz para poder llevar a cabo los servicios sociales comunitarios la deuda asciende a 2.706.735 euros; en ayudas económicas familiares nos debe más de 118.000 euros; en servicios especializados la Junta nos adeuda 2.100.000 euros; y sobre el Decreto de Exclusión Social que ya hemos puesto en marcha nos deben más de un millón de euros.

Aránzazu Martín ha señalado que el Decreto de Exclusión Social ha supuesto una sobrecarga para los Ayuntamientos porque a la misma vez hemos tenido “que sacar para adelante” otros aspectos fundamentales como pueden ser las ayudas de emergencia social o la Dependencia.

Finalmente, ha manifestado que otro de los agravios con el que nos vamos a encontrar con la puesta en marcha de este Decreto es que “si no cumplimos con la parte que se refiere al servicio de ayuda a domicilio, nos veremos obligados a devolver el dinero, con intereses de demora, puesto que nos han negado una prórroga que nos permitiría darle más tiempo de este servicio a los usuarios, a la vez que podríamos consumir las cantidades económicas asignadas a través del Decreto”.

“Nos obligan a poner en marcha un decreto a sabiendas de que había partes que no íbamos a poder llevar a cabo en su totalidad, puesto que en el mes de octubre nos dicen que le comuniquemos qué parte de dinero le tenemos que devolver, y encima con intereses de demora”, afirma.

¿Es normal que a pesar de la buena disposición de todas las corporaciones locales para llevar a cabo las medidas contempladas en el Decreto, y aún conociendo de su dificultad, se pueda ser tan desleal institucionalmente para encima cobrarle a los Ayuntamientos?. ¿Qué ocurriría si las entidades locales le exigieran judicialmente a la Junta los intereses por todas sus deudas?, concluye Martín.