El PP urge a agilizar la Oficina Europea de Control de Importaciones para reforzar la reciprocidad fitosanitaria

• La eurodiputada Carmen Crespo califica “de paso decisivo” su implantación y exige al Gobierno de España implantar controles más exhaustivos en los PIF
• Crespo pide extender a todos los acuerdos comerciales las cláusulas de salvaguarda automática ante caídas de precios del 5% o perturbaciones de mercado, con respuesta en 21 días
• La eurodiputada defiende sumar los fondos del Objetivo Rural y los 45.000 M€ a la PAC para subir el presupuesto a los agricultores y ganaderos

La eurodiputada y coordinadora de Agricultura del Partido Popular, Carmen Crespo, ha valorado “positivamente” los compromisos que el presidente Alberto Núñez Feijóo y el PP han conseguido arrancar esta semana a la Comisión Europea de reforzar los controles en frontera, incrementar las mecanismos de protección a los agricultores ante las importaciones de terceros países y dar los primeros pasos en torno a la Oficina Europea de Control de Importaciones, el ‘Frontex Agroalimentario’, que el Partido Popular viene reclamando desde hace meses.

 

Crespo considera que la implantación de la Oficina Europea de Control de Importaciones supone “un paso decisivo” para frenar la competencia desleal y proteger la competitividad y rentabilidad de los agricultores y ganaderos españoles.  De ahí que haya dijo que “ahora urge agilizar su puesta en marcha para reforzar la reciprocidad fitosanitaria y garantizar inspecciones mucho más rigurosas a los productos importados”. Aunque ha incidido en que esta labor no puede llegar solo desde Europa.

 

Por ello, Crespo ha instado al Gobierno de España a “reforzar de inmediato los Puntos de Inspección Fronterizos (PIF) con más recursos humanos, económicos y tecnológicos, para vigilar eficazmente las importaciones, garantizar la trazabilidad y la reciprocidad, y asegurar el cumplimiento de los acuerdos comerciales”.

De otra para, la eurodiputada ha destacado la fortaleza del Partido Popular europeo en el Parlamento y su trabajo arduo para sacar adelante el Reglamento de Cláusulas de Salvaguarda reforzadas para el acuerdo comercial UE-Mercosur para su aprobación definitiva en el próximo Pleno de Estrasburgo en este mes de febrero.

 

La eurodiputada ha explicado que este Reglamento contempla un mecanismo de cláusulas de salvaguarda automáticas que permitirán su activación en el momento en el que los agricultores españoles sufran una perturbación del mercado o una caída de precio del 5%. Se trata, a su juicio, de “una red de seguridad y protección sólida para nuestros agricultores” ante las importaciones de Mercosur. 

 

Es más, Crespo ha subrayado “la importancia de que la activación del mecanismo sea rápida, con un plazo máximo de 21 días, así como del refuerzo de las auditorías en los países de origen y de la vigilancia que realizará la Comisión Europea para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa fitosanitaria y sanitaria, aplicando un principio de reciprocidad, una de las principales reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos”.

 

Por ello, la eurodiputada ha pedido “extender estas medidas de salvaguarda y refuerzo de la reciprocidad a todos los acuerdos comerciales vigentes de la UE, así como a los que se vayan a cerrar, para que los agricultores cuenten con un mecanismo rápido que frene las importaciones en caso de una caída del 5% del precio”.

 

Incrementa el presupuesto de la PAC

 

Por otra parte, Crespo ha insistido en que el Partido Popular defiende de manera firme al campo español para lograr una PAC justa y revertir la propuesta del lesivo Marco Financiero Plurianual de la UE 2028-2034 (MFP). En este contexto, la eurodiputada ha propuesto sumar los fondos del Objetivo Rural a los 45.000 millones de euros de la PAC para incrementar el presupuesto destinado a agricultores y ganaderos.

 

Por último, la eurodiputada ha reclamado garantizar un presupuesto suficiente para las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y el resto de programas sectoriales, cuya financiación debe fijarse a nivel europeo, asegurando condiciones iguales para todos los productores de la UE.