El Parlamento aprueba por mayoría una iniciativa del PP para exigir al Gobierno de España que modifique el Real Decreto que pone en peligro los centros de datos

• Ángeles Martínez reclama al Gobierno de España un marco “ordenado, razonable y posible de cumplir” que permita atraer inversiones tecnológicas y generar empleo cualificado

• La parlamentaria del PP advierte de que las restricciones planteadas por el Gobierno de España ponen en riesgo proyectos de más de 10.000 millones de euros y más de 1.000 empleos directos

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Ángeles Martínez, ha defendido en el pleno del Parlamento Andaluz una Proposición No de Ley para reclamar al Gobierno de España que facilite el desarrollo de los centros de datos en Andalucía y permita que estas infraestructuras puedan construirse de forma ordenada y respetuosa con el medio ambiente.

Ángeles Martínez, que ha subrayado la importancia de estas infraestructuras para el futuro económico y tecnológico de Andalucía, ha explicado que gran parte de las actividades que forman parte de nuestra vida diaria, desde consultar el correo o utilizar WhatsApp, hasta acceder a contenidos almacenados en la nube, dependen de infraestructuras físicas que permiten almacenar y procesar los datos. “Los centros de datos son imprescindibles para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Sin centros de datos, sencillamente, no hay Inteligencia Artificial”, ha afirmado.

La parlamentaria popular ha defendido que Andalucía se encuentra en una posición favorable para aprovechar esta transformación tecnológica y ha puesto en valor el crecimiento experimentado por la industria y el sector digital, colocando a Andalucía como la tercera comunidad con mayor contribución al valor añadido bruto digital nacional. En este contexto, Martínez ha señalado que actualmente existen más de 20 proyectos de centros de datos en proceso en Andalucía, con inversiones superiores a los 10.000 millones de euros y más de 1.000 puestos de trabajo cualificados directos.

Críticas al Real Decreto del Gobierno

Durante su intervención, Ángeles Martínez ha denunciado las exigencias establecidas por el Gobierno de España para la implantación de centros de datos en materia de agua y energía y ha criticado que el Real Decreto se haya aprobado por vía de urgencia y sin diálogo previo con el sector ni con las comunidades autónomas.

La parlamentaria del PP ha insistido en que la norma establece unas condiciones muy rígidas que no tienen suficientemente en cuenta las características de cada territorio y que perjudican especialmente a Andalucía y ha abogado por “una regulación que cumpla los fines ambientales y energéticos sin desconocer las condiciones objetivas de los territorios, incorporando neutralidad tecnológica, valorando la reutilización del agua, contemplando soluciones de almacenamiento y contratación de energía y ofreciendo un régimen transitorio compatible con inversiones ya iniciadas”.

Ángeles Martínez ha pedido al Gobierno de España que rectifique e incorpore las singularidades climáticas y territoriales, que distinga el uso de recursos hídricos regenerados, que module las exigencias de consumo renovable conforme a la capacidad real del sistema, que establezca un régimen transitorio y que garantice un marco regulatorio estable.

“Está en juego la capacidad de Andalucía para competir en la economía digital, como factor esencial de crecimiento, productividad y autonomía estratégica. Por eso hoy reclamamos al Gobierno que regule con visión de país, porque no se puede convertir la transición energética en una barrera para la transición digital y no se puede frenar una oportunidad de inversión y empleo que Andalucía se ha ganado con esfuerzo”, ha explicado.

Por otra parte, Ángeles Martínez ha insistido en que el debate no debe plantearse entre regulación sí o regulación no, sino en cómo hacer compatible la sostenibilidad para que las inversiones se queden en Andalucía porque “si estos proyectos no se desarrollan en nuestra comunidad o en España, las inversiones pueden trasladarse a otros territorios que serán quienes controlen todos los datos de Andalucía”.

Por último, ha recordado que la Junta de Andalucía ha presentado alegaciones al Real Decreto, al igual que otras comunidades autónomas, colegios profesionales, la patronal, empresas y profesionales del sector, y ha señalado que se han presentado más de 600 alegaciones.