El PP logra que el Parlamento reclame al Gobierno la máxima rebaja fiscal para los agricultores del Poniente almeriense en 2025

• La iniciativa, que ha defendido Julia Ibáñez, ha sido aprobada por unanimidad y exige una reducción extraordinaria de módulos del IRPF ante el grave impacto del Thrips parvispinus en El Ejido y la comarca del Poniente

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Julia Ibáñez, ha defendido en el Parlamento de Andalucía una iniciativa para que el Gobierno de España aplique la máxima reducción posible del sistema de módulos del IRPF a los agricultores de El Ejido y del resto de municipios del Poniente almeriense durante el ejercicio 2025, ante las graves pérdidas registradas en las dos últimas campañas agrícolas.

Ibáñez ha recordado que el Poniente almeriense sustenta un modelo agrícola intensivo, innovador y competitivo, especialmente el municipio de El Ejido que constituye uno de los principales núcleos de producción hortofrutícola de Europa, concentrando cerca del 70% de las más de 33.700 hectáreas de invernaderos existentes en la provincia de Almería.

En su intervención, la parlamentaria popular ha recordado que durante la campaña 2024/2025, la producción de frutas y hortalizas bajo plástico en Almería alcanzó alrededor de 3.590 millones de kilos, con un valor de 3.194 millones de euros. El pimiento representó aproximadamente un 25% del volumen total y un 35% del valor económico, confirmando su carácter estratégico para la comarca.

Sin embargo, Julia Ibáñez ha advertido de que el sector atraviesa una situación crítica debido a la expansión del Thrips parvispinus, una plaga que ha afectado de forma masiva a los cultivos de pimiento y cuya incidencia en la campaña 2025 alcanza entre el 95% y el 100% de las explotaciones del Poniente almeriense, con especial impacto en El Ejido.

“Las pérdidas son cuantiosas: más de 300 hectáreas arrancadas según estimaciones sectoriales, reducción de rendimientos, merma en la calidad comercializable y un aumento drástico de los costes en control biológico”, ha explicado.

Ante esta situación, Ibáñez ha destacado la rápida reacción de la Junta de Andalucía, que constituyó un grupo de trabajo técnico con participación de organizaciones agrarias, IFAPA, la Delegación Territorial de Almería y la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. En el seno de este grupo se elaboraron protocolos para la correcta gestión de restos vegetales de los cultivos que sea necesario arrancar por incidencia del Thrips parvispinus y para el control biológico del cultivo de pimiento y para semilleros, consensuados con diferentes empresas productoras de organismos de control biológico.

Asimismo, la Junta aprobó la Orden de 28 de noviembre de 2025 que establece una ayuda extraordinaria para los agricultores que han tenido que arrancar sus cultivos por los daños causados por esta plaga.

Sin embargo, la parlamentaria ha insistido en que el impacto requiere también una respuesta por parte del Gobierno de España, tanto en el ámbito fiscal como en la autorización de medidas excepcionales de control fitosanitario.

“Lo que estamos pidiendo es sencillo: con menor rentabilidad y mayor gasto, nuestros agricultores no pueden pagar impuestos como si hubiera sido un año normal. Es una cuestión de sentido común y de justicia fiscal”, ha afirmado.

Por otra parte, Julia Ibáñez ha subrayado que durante los años de Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy se dejaron más de 200 millones de euros en la provincia de Almería directamente en el bolsillo de los agricultores gracias a reducciones fiscales.

Además de la reducción de módulos, la parlamentaria ha pedido que el Ministerio sea sensible ante la escasez de sustancias activas necesarias para las autorizaciones excepcionales solicitadas por la Junta para el control de plagas en momentos puntuales.

Finalmente, Ibáñez ha solicitado que desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en colaboración con el resto de administraciones, organizaciones agrarias, cooperativas y centros de investigación, se refuerce y actualice de forma continua el seguimiento técnico y económico del impacto de la plaga.

“Estamos defendiendo al sector que sostiene nuestra economía, genera empleo y garantiza alimentos de calidad. Nuestros agricultores necesitan respaldo, no más cargas”, ha concluido.