Castellón denuncia que el Gobierno “ampare” la okupación ilegal y “abandone” a los propietarios que han depositado los ahorros de toda una vida en una vivienda

• Afirma que “a un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y a una persona vulnerable se le protege”

• En España hay 2,3 millones de españoles que declaran rentas de alquiler y que con el aval del Decreto Ley aprobado por el Gobierno quedan en una situación de “inseguridad jurídica”

• Durante 2019 y el primer semestre de 2020 se produjeron en la provincia de Almería 419 intervenciones policiales en okupaciones ilegales

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, se ha referido hoy en rueda de prensa al problema de la okupación en nuestro país y en la provincia de Almería, un asunto que lamentablemente va en aumento y que el Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de ponerle freno ha decidido “amparar” con la aprobación del Real Decreto-ley sobre consumidores y usuarios.

Según ha explicado Castellón este Real Decreto se limita a crear la figura del consumidor vulnerable, pero no recoge ninguna medida concreta, sino que simplemente establece un concepto pero sin una efectividad real, por lo que ha reclamado al Gobierno de Sánchez que deje de engañar porque “un consumidor vulnerable no es un okupa y una persona que está en una situación de desahucio tampoco lo es”.

Tras destacar que en nuestro país se producen 40 okupaciones de viviendas al día, y que en la provincia de Almería hubo entre 2019 y la mitad de 2020 419 intervenciones policiales en okupaciones ilegales (294 en 2019 y 125 en el primer semestre de 2020), ha pedido al Ejecutivo central que no se ampare en la difícil situación que están viviendo muchos españoles como consecuencia de la pandemia para “dar carta blanca a la okupación”.

“Un consumidor vulnerable no es un okupa y no se puede asimilar además la okupación con la situación de vulnerabilidad social de algunas familias como consecuencia de la pandemia. Por ello tenemos que dejar claro que a una persona vulnerable hay que ayudarla y protegerla y que a un okupa no se le desahucia, sino que hay que desalojarlo de una vivienda que no es suya de manera rápida”, ha afirmado.

El diputado del PP ha recordado que hay cuatro millones de españoles con parte de sus ahorros en sociedades que invierten en patrimonio inmobiliario, personas con rostro, apellidos, DNI, familias que han confiado sus ahorros de toda la vida en estas sociedades de inversión; y que hay 2,3 millones de españoles que declaran rentas de alquiler y que con el aval de este Decreto Ley ahora quedarían en una situación de “inseguridad jurídica”.

Miguel Ángel Castellón ha insistido en que lo que el PP promueve es que el Estado construya vivienda pública y adquiera inmuebles particulares para aumentar el parque público de vivienda y así asegurar que el precio baje.

Además, ha recordado como su partido propuso hace unas semanas que se agilicen los procedimientos penales contra los okupantes de viviendas de manera ilegal; así como que se habilite a las comunidades de vecinos para proceder contra las okupaciones ilegales que vienen a romper el orden de la comunidad; y que se dé mayor autoridad a la policía para que puedan proceder a un desalojo en 24 horas y que los okupantes ilegales de viviendas sean desocupados de manera inmediata.

Finalmente ha destacado que en el Decreto Ley del Gobierno hay un párrafo que establece la expropiación del uso temporal de una vivienda cuando se produzca un impago sin compensación a un propietario, y ha afirmado que “desde el PP consideramos que esto es una vulneración en toda regla del derecho a la propiedad privada y una legalización por la puerta de atrás de la okupación”.