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El Congreso aprobará el próximo jueves el reconocimiento de los funcionarios de prisiones y trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad

  • Maribel S. Torregrosa recuerda que el PP lleva años reivindicando este reconocimiento a través de distintas Proposiciones de Ley aprobadas en el Congreso y Senado
  • Señala que dos años después de aprobarse la PNL del PP sobre El Acebuche siguen sin resolverse problemas como la falta de personal, la masificación o la ausencia de una unidad canina

Los diputados nacionales del Partido Popular de Almería, Maribel S. Torregrosa, Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, junto al senador Jesús Caicedo, han mantenido una reunión con representantes del sindicato penitenciario Tu Abandono Me Puede Matar (TAPM), a petición de este sindicato, en la que Torregrosa ha anunciado que el próximo jueves el pleno del Congreso de los Diputados aprobará el reconocimiento de los funcionarios de prisiones y trabajadores laborales como agentes de la autoridad, una reclamación histórica del colectivo que el Partido Popular ha venido defendiendo durante años tanto en el Congreso como en el Senado.

 

“Es una medida de justicia para unos profesionales que desempeñan una labor esencial para la seguridad de todos y que merecen contar con las herramientas y la protección jurídica adecuadas para desarrollar su trabajo”, ha afirmado.

 

La diputada popular ha recordado que el PP impulsó iniciativas tanto en el Senado como en el Congreso para reconocer esta condición, propuestas que, según ha denunciado, permanecieron bloqueadas durante más de un año mediante sucesivas prórrogas en la Mesa del Congreso.

 

“Estamos satisfechos porque por fin se va a hacer realidad una reivindicación histórica, pero no podemos olvidar que el PSOE ha tenido esta medida guardada en el congelador durante más de un año”, ha señalado.

 

Torregrosa ha explicado que este reconocimiento permitirá que los trabajadores penitenciarios dispongan de la misma protección penal que otros empleados públicos y que se les aplique la presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones. “Protegemos a quienes cada día nos protegen dentro de los centros penitenciarios”, ha subrayado.

 

No obstante, la diputada ha advertido de que la aprobación de esta medida no resuelve los numerosos problemas que siguen afectando a la prisión de El Acebuche. En este sentido, ha recordado que hace dos años el Partido Popular presentó una Proposición No de Ley para dar respuesta a las necesidades del centro penitenciario almeriense, una iniciativa aprobada en septiembre de 2024 que, según ha denunciado, continúa sin ejecutarse.

 

“La situación sigue siendo muy preocupante. El Acebuche, en los últimos dos años ha llegado a rozar los 1.000 internos cuando su capacidad operativa no debería superar los 800, y aunque actualmente la cifra ronda los 850 reclusos, el riesgo de volver a situaciones de saturación es diario”, ha explicado.

 

Asimismo, ha alertado de la falta de personal que padece el centro. Según ha trasladado el sindicato TAPM, serían necesarios alrededor de 50 profesionales más para garantizar un funcionamiento adecuado de la prisión y del Centro de Inserción Social dependiente de El Acebuche, que carece de una plantilla propia y es atendido por los mismos trabajadores del centro penitenciario.

 

Torregrosa también ha mostrado su preocupación por la negativa del Ministerio del Interior a dotar a la prisión de una unidad canina especializada, a pesar de que El Acebuche figura entre los centros penitenciarios con mayor número de incautaciones de teléfonos móviles y drogas.

 

“Los trabajadores están asfixiados y siguen reclamando soluciones urgentes. Desde el Partido Popular vamos a seguir dando voz a sus demandas y exigiendo al Ministerio del Interior que cumpla con los compromisos adquiridos y atienda las necesidades reales de la prisión de El Acebuche”, ha concluido.

 

Valoración situación política nacional

 

Por otra parte, el diputado nacional del PP de Almería, Rafael Hernando, ha realizado una valoración de la situación política nacional tras las últimas informaciones conocidas sobre distintas investigaciones judiciales que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.

Hernando ha afirmado que España atraviesa “una situación absolutamente insólita” y ha señalado que los hechos que se han ido conociendo en las últimas semanas “apuntan a una trama mucho más amplia de lo que inicialmente se pretendía hacer creer”.

 

Según ha manifestado, las informaciones publicadas y las resoluciones judiciales conocidas reflejan “una estructura organizada que habría actuado para desacreditar a jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, periodistas y representantes de la oposición”.

 

El diputado popular ha criticado especialmente las explicaciones ofrecidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras conocerse reuniones entre la exmilitante socialista Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil.

 

“Las explicaciones del ministro son insuficientes y generan más dudas que certezas. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho”, ha señalado.

 

Hernando ha sostenido además que las actuaciones conocidas en los últimos meses evidencian, a su juicio, una estrategia destinada a proteger al entorno político y personal del presidente del Gobierno.

 

“Hemos visto ataques continuados a jueces, fiscales, miembros de la UCO y a todas aquellas personas que estaban investigando o informando sobre presuntos casos de corrupción vinculados al entorno del Ejecutivo”, ha afirmado.

 

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno se encuentre “absolutamente sobrepasado por los acontecimientos” y ha defendido la necesidad de abrir una nueva etapa política en España.

 

Finalmente, Rafael Hernando ha reclamado al presidente del Gobierno la convocatoria de elecciones generales. “Creemos que ha llegado el momento de dar la palabra a los españoles. Es necesario pasar página de una etapa marcada por la inestabilidad política, las sospechas permanentes y el deterioro de la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, ha concluido.