El Partido Popular afirma que el Decreto de Exclusión Social de la Junta está cargado de “demagogia” y “mucha frivolidad”

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Rosario Soto, ha afirmado esta mañana que el Decreto de Exclusión Social de la Junta de Andalucía está cargado de “demagogia” y “mucha frivolidad”, y ha presentado una alternativa basada en dos puntos, a un Decreto “lleno de trampas”: en primer lugar, un Plan de Pago Urgente a las entidades sociales y locales; y en segundo lugar, el incremento de la partida presupuestaria del Salario Social.

Soto, que ha estado acompañada por los parlamentarios Aránzazu Martín, Rosalía Espinosa y José Jesús Gázquez, así como por el diputado provincial de Promoción Económica y Empleo, Amós García, ha destacado que es fundamental que “la Junta pague la deuda de cerca de 100 millones que mantiene con entidades sociales y locales” ya que según ha explicado “son muchos los empleos que diariamente se destruyen en Andalucía y en Almería, y de esta forma se crearían puestos de trabajo”.

Sobre el incremento de la partida presupuestaria del Salario Social que es de 70 millones, la parlamentaria popular ha manifestado que esto sería una “herramienta útil para resolver la situación que están sufriendo miles de personas en nuestra comunidad y en nuestra provincia”.
Se trata, según Soto, de una partida que se agota todos los años entre los meses de mayo y junio, por lo tanto no se resuelven los expedientes hasta el año siguiente. “Si se incrementara se daría una respuesta verdadera y real en el tiempo a los que lo están pasando mal”, ha dicho.

También se ha referido al plan de las “tres comidas” a los escolares con familias sin recursos, punto en el que Rosario Soto ha manifestado  que “con la creación de empleo, las familias podrían dar de comer a sus hijos”, y ha lamentado que “el PSOE y ahora también IU, sean incapaces de generar puestos de trabajo, por lo que desde el PP apostamos porque se incrementen las partidas del Salario Social para que las familias alimenten a sus hijos”.

Trampas del Decreto
Seguidamente, la parlamentaria del PP almeriense ha expuesto las trampas que se recogen en el Decreto de Exclusión Social de la Junta, por el que a la provincia le han correspondido 5.092.063,93 euros, de los que para el programa de Ayuda a la Contratación se han destinado 2.925.397,44 euros; al programa de Consolidación de Ayuda a Domicilio 1.903.909,25 euros; y al Programa a la Solidaridad Alimentaria 263.557,24 euros.

Sobre el programa de Ayuda a la Contratación ha manifestado que “los contratos que se podrán crear tendrán una duración máxima de tres meses”. Además, según el Decreto, como máximo se puede pagar mil euros por trabajador incluida la Seguridad Social, por lo tanto sólo se podrá contratar a una persona entre cuatro y cinco horas al día. Y por si esto fuera poco, es a los Ayuntamientos a los que se les carga de trabajo, son ellos los que tienen que adelantar el dinero y pagar los materiales, así como hacer los informes sociales.

En cuanto al Programa de Consolidación de Ayuda a Domicilio, Rosario Soto ha criticado que la Junta tenga paralizada la Ley de Dependencia desde hace un año, y en lugar de solucionar el problema, ponga en marcha un programa como este para ayudar a domicilio a personas que no la reciben a través de la Ley de Dependencia, es decir, “que las personas que legalmente les corresponde la Ley de Dependencia no la están percibiendo porque la Junta la tiene paralizada, pero personas que están infinitamente mejor y no entran a través de la Ley de Dependencia, se les va a dar 20 horas máximo al mes de ayuda a domicilio a través de este Decreto”.

Y sobre el Plan de Solidaridad Alimentaria, Rosario Soto ha criticado que “a pesar de que la Junta ha establecido en el Decreto que las bolsas de pobreza en la provincia están en la capital, El Ejido y Roquetas de Mar, Valderas ha decidido que el dinero de este Plan se va a destinar a municipios de menos de 20.000 habitantes”.
”Están tratando de sacar rédito electoral de quien peor lo está pasando en nuestra comunidad, por eso estamos absolutamente en contra de este Decreto, y creemos que hay muchas otras herramientas para luchar contra la exclusión social”, ha dicho.

Finalmente, Rosario Soto ha explicado que es “falso” que se haya dotado a estas medidas de un crédito adicional de 120 millones, tal y como ha asegurado la Junta, ya que el Decreto recoge sólo 76 millones, de los que cuatro estarían sujetos a modificaciones presupuestarias, y el resto, 44 millones, dependerían de que se superasen las previsiones de ingresos. Además, estos 76 millones consignados en el Decreto no son extraordinarios, sino que provienen de partidas del presupuesto de la Junta de 2013 que han sufrido recortes