El PP celebra que los profesores sean “autoridad pública” y la Junta dignifique la labor de más de 11.000 en la provincia

• También tendrán presunción de veracidad y se les garantiza la asistencia jurídica y psicológica gratuita

• Rocío Sánchez afirma que el PP ha dado respuesta a una reivindicación histórica de los docentes

Recientemente se ha aprobado en el parlamento Andaluz la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, un texto legislativo que lleva el sello del Partido Popular, fruto del compromiso, el esfuerzo y el trabajo realizado durante todos estos años y que da respuesta a una reivindicación histórica de los docentes.

Se trata de una Ley que el PP ya presentó estando en la oposición y que el Partido Socialista no fue capaz de impulsar, pero que ahora, según la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP de Almería, Rocío Sánchez, viene a reconocer por fin el trabajo y el esfuerzo del profesorado, a dignificar su labor y a dotarlo de herramientas jurídicas para que pueda desarrollar su trabajo en un clima de orden y respeto.

“En 2006 el PP anunció por primera vez una Ley de Promoción de la Convivencia Escolar en Andalucía. A partir de ahí han sido numerosas las iniciativas que se han presentado en el Parlamento en las distintas legislatura con el fin de cumplir con las reivindicaciones del profesorado y por fin, gracias al Gobierno de Juanma Moreno se ha cumplido con esta deuda histórica del sector educativo”, ha explicado.

La vicesecretaria del PP almeriense destaca que se trata de una Ley marcada por el consenso y el diálogo que desde el primer momento ha ofrecido el Gobierno de Juanma Moreno a la comunidad educativa y a todos los grupos políticos, una situación que contrasta con la aprobación de la Ley Celaá sin consenso y sin diálogo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con la comunidad educativa, los agentes sociales y las distintas fuerzas políticas.

Rocío Sánchez subraya que el reconocimiento de autoridad incluye a todos los docentes andaluces independientemente del tipo de centro en el que trabajen, más de 11.000 en la provincia de Almería. En el caso de la asistencia jurídica se incluye al profesorado de los centros de titularidad pública, mientras que la asistencia psicológica se amplía también al de los centros concertados.

Por otra parte, el secretario de Educación del PP almeriense, Francisco Alonso, ha recordado que la Ley beneficia también al personal de administración y servicios de los centros públicos y concertados que, sin el reconocimiento expreso de autoridad, gozará en el ejercicio de sus funciones, de medidas de protección similares a las del profesorado.

Francisco Alonso califica como un paso importante que los informes y declaraciones de los profesores, en el ejercicio de sus funciones, gocen de presunción de veracidad y tengan valor probatorio.

Finalmente el secretario de Educación del PP almeriense considera fundamental que el profesorado se sienta reconocido ante el aumento de agresiones que se están produciendo en los últimos años, y agradece al Gobierno andaluz su apuesta por lograr una Educación de calidad que busca la excelencia y el éxito escolar para asegurar el futuro de los jóvenes almerienses y andaluces.