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El PP pide al Gobierno que los Ayuntamientos puedan utilizar el superávit de 2019 para hacer frente al coronavirus

  • Juan José Matarí felicita a los alcaldes y al presidente de la Diputación, Javier A. García, por la “eficaz labor” que están desempeñando en la lucha contra el COVID-19 en la provincia

El diputado nacional del Partido Popular de Almería Juan José Matarí ha explicado que su Grupo Parlamentario ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley en la que solicitan al Gobierno que los Ayuntamientos puedan utilizar todo el superávit generado en 2019, sin aplicar los requisitos y las limitaciones fijadas por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y sin que dichos gastos e inversiones computen en el cálculo regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria. 

Se trata de una iniciativa que permitiría a las Entidades Locales hacer frente a la pandemia provocada por el COVID-19, en unos momentos en los que los Ayuntamientos y Diputaciones están más que nunca al lado de sus vecinos y muy implicados en implementar medidas para contener la expansión del virus, apoyando a la población más vulnerable, canalizando la ola de solidaridad de los españoles y sentando las bases para que la recuperación en la sociedad y en la economía se produzca lo más pronto posible tras finalizar el periodo de confinamiento.

El diputado del PP ha felicitado a los alcaldes almerienses y al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, porque están supliendo la ineficacia e incompetencia del Gobierno a la hora de prevenir cerrando instalaciones públicas, parques, espacios naturales, implantando el teletrabajo o potenciando la administración electrónica. Además, han llevado a cabo campañas intensivas de limpieza de calles en sus municipios, en muchas ocasiones realizadas por los propios alcaldes y concejales, para evitar la propagación del COVID-19, y no han dudado en aplazar el pago de tributos locales o anular tasas, además de implementar rebajas fiscales tanto a los vecinos como a los comerciantes y empresarios de sus localidades.

Juan José Matarí señala que “los Ayuntamientos y la Diputación han reaccionado con eficacia ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus ayudando de manera directa a los vecinos y familias del municipio, especialmente a los más vulnerables”. Sin embargo, explica que se ven expuestos a limitaciones legales establecidas en los diferentes Reales Decreto Ley aprobados desde que se decretó el estado de alarma.

“Las entidades locales no pueden desarrollar sus capacidades de manera plena para combatir la crisis actual y sentar las bases sólidas de la recuperación en sus municipios. Es por ello que desde el PP insistimos en que se les permita, entre otras medidas, utilizar todo el superávit generado en 2019, así como que puedan desarrollar dentro del escenario presupuestario 2020, competencias que no le son propias para complementar las medidas y ayudas puestas en marcha por otras administraciones para hacer frente al COVID-19”, afirma.

Otras medidas que el Grupo Parlamentario Popular solicita en su iniciativa son: levantar la supresión de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público en lo relativo a la contratación pública; considerar la pandemia como una situación de grave peligro al objeto de que las Entidades Locales puedan adquirir bienes y contratar los servicios y suministros necesarios para hacer frente a sus efectos; pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017; poner en marcha medidas extraordinarias de liquidez para las entidades locales y designarlas como beneficiarias de aquellos Fondos de Impulso prioritario de políticas sociales y de reconstrucción social y económica que se habiliten por el Estado; o elevar la tasa de reposición al 100% de la plantilla ya existente para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes para posibilitar una eficaz prestación de los servicios públicos.