Navarro a Sánchez Teruel: “Con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana se refuerzan derechos y libertades de los ciudadanos”
La diputada nacional del Partido Popular de Almería Carmen Navarro ha afirmado hoy que las declaraciones del secretario general del PSOE almeriense, José Luis Sánchez Teruel, sobre la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana demuestran que “no se la ha estudiado y que lo único que busca es la confrontación con todo lo que se hace desde el Gobierno de España”.
Navarro señala que “con el Ejecutivo del PP los derechos y las libertades de los ciudadanos están mejor regulados y protegidos frente a nuevas amenazas”, y señala que “los mismos que ahora se oponen a garantizar la libertad ciudadana frente a las presiones violentas, son los que se opusieron a la reforma del Código Penal que garantizaba el cumplimiento íntegro de las penas”.
La diputada del PP destaca varios puntos clave de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana: “Las faltas más graves se tipifican como delito y las más leves como sanciones administrativas; por primera vez se define el concepto de seguridad según el Convenio de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional; la reforma garantiza el ejercicio de derechos básicos como el de reunión, aislando a los grupos violentos que lo vulneran; se limitan y definen mejor la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado; y tiene como objetivo erradicar la violencia y las conductas incívicas que ponen en peligro la convivencia pacífica”.
Por otra parte, Carmen Navarro ha criticado la “doble vara de medir del PSOE” que “se opone a la reforma de la Ley en puntos que se mantienen invariables respecto a la Ley que aprobaron en el 92, y además critican la cuantía de las sanciones cuando la Ley del Deporte que aprobó Zapatero preveía sanciones muy superiores (650.000 euros)”.
Por último, la diputada popular recuerda a Sánchez Teruel que se trata de una norma que “es para todos, persigue únicamente el comportamiento violento y va a impedir que la violencia se aproveche del legítimo derecho de los ciudadanos a manifestarse”.
