El PP apuesta por el desalojo de los okupas en 24 horas y mejorar la protección de los propietarios

• Manuel Guzmán espera que el Gobierno de Sánchez atienda el mandato del Parlamento Andaluz y adopte medidas urgentes contra la ocupación ilegal

• “A un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege”

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Manuel Guzmán ha destacado hoy la necesidad de que el Gobierno de España modifique la ley para que cuando se produzca una ocupación de una vivienda se pueda desalojar a los okupas en 24 horas. Se trata de una iniciativa que recientemente se ha aprobado en el Parlamento Andaluz y por la que la Cámara Andaluza insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes contra la ocupación ilegal así como a mejorar la defensa de los propietarios de una vivienda ocupada.

Manuel Guzmán señala que la ocupación es un fenómeno que lamentablemente va en aumento en nuestro país y en el que además en muchas ocasiones están implicadas mafias que hacen caja extorsionando a los propietarios, una situación que cada vez afecta a más personas de clase media y trabajadora que han estado toda su vida ahorrando para poder adquirir una segunda vivienda y que ahora se sienten completamente desamparados.

El parlamentario del PP manifiesta que es necesario modificar con carácter urgente el Código Penal para endurecer las penas cuando se produzca la ocupación de una vivienda, especialmente en el caso de las mafias. “No es lógico el daño que se causa a los propietarios que tienen que estar durante meses o incluso años pagando la luz y el agua a los que se han metido en su casa de forma ilegal. Por ello desde el PP apostamos por incluir nuevas medidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir el desalojo de la vivienda ocupada en 24 horas”, destaca.

Además, Manuel Guzmán señala que es muy importante que se tomen medidas para que el ocupa ilegal de una vivienda no se pueda inscribir en el padrón municipal con el fin de que esa documentación sirva de prueba de residencia y le permita acceder a ciertos derechos. En este sentido señala que la colaboración de los Ayuntamientos es esencial para darles de baja de oficio o a instancia del propietario cuando presente toda la documentación legal que acredita que es el dueño de la vivienda ocupada.

Por último, Manuel Guzmán señala que hay que desligar las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social del fenómeno de la ocupación ilegal y argumenta que “a un okupa no se le desahucia, se le desaloja, y al vulnerable se le protege, sin que el Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos”.