El PP pide asistencia jurídica gratuita para ciudadanos víctimas de ocupación ilegal de viviendas en situación de vulnerabilidad

• Rosalía Espinosa afirma que para el PP salvaguardar la propiedad privada es una “prioridad”

• Señala que “el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vivienda y la inviolabilidad del domicilio pueden y deben ser compatibles”

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Rosalía Espinosa ha destacado hoy que el PP ha registrado una Proposición No de Ley en el Parlamento Andaluz en la que se solicita que se estudie y apruebe urgentemente, previa consulta con los colegios de abogados y procuradores, la ampliación del derecho de asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos a los que la ocupación ilegal de viviendas les coloca en una situación de vulnerabilidad económica y jurídica.

Rosalía Espinosa explica que cuando el único patrimonio del ciudadano víctima de una ocupación ilegal es precisamente la vivienda ocupada nos encontramos con que ese ciudadano pasa a una situación económica de extrema vulnerabilidad y pobreza por mucho que en el Registro de la Propiedad aparezca como propietario de una vivienda, y “es justo que a esas personas se les garantice el derecho a la asistencia jurídica gratuita”.

La parlamentaria del PP subraya que hoy en día la ocupación ilegal es un problema creciente tanto en Andalucía como en el conjunto de nuestro país que no solo ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución, sino que además altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de las personas y bienes.

En España 14.675 personas han denunciado la ocupación de su vivienda durante 2020, siendo Cataluña la que se lleva prácticamente la mitad de la usurpación y ocupaciones ilegales con 6.647 casos. En nuestra comunidad se han denunciado 2.372 ocupaciones ilegales durante 2020 y la provincia de Almería llega aproximadamente hasta las 200 ocupaciones ilegales durante el año pasado.

“Estas ocupaciones dejan en demasiadas ocasiones al pequeño propietario en una situación de inseguridad económica y social ya que está sin vivienda y además ve imposible acceder a un abogado, por ello desde el PP apostamos por proteger tanto a la persona que está en una situación de vulnerabilidad económica y no puede acceder a una vivienda, como a la persona que teniendo una vivienda pasa a una situación de vulnerabilidad porque se la han ocupado, y es por eso que creemos que estos pequeños propietarios deben de acceder a la justicia gratuita”, insiste.

Además, Rosalía Espinosa afirma que estas cifras no reflejan ni de lejos la realidad porque “estamos hablando solo de denuncias cuando también hay casos que son seguidos como infracciones administrativas de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y otros que se siguen en los juzgados como asuntos civiles por la cada vez más frecuente ocupación de viviendas arrendadas”.

Esta iniciativa se suma a la ya presentada también en el Congreso de los Diputados, concretamente una Proposición de Ley para mejorar la regulación de la usurpación (ocupación ilegal) en el Código Penal, adaptándola a los nuevos tiempos y a las nuevas organizaciones criminales, algunas de las cuales se dedican a ocupar ilegalmente vivienda o edificios, y posibilitando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desocupar una vivienda en 12 o 24 horas.

Según explica la parlamentaria almeriense para el Partido Popular salvaguardar la propiedad privada es una prioridad y ello sin olvidarnos de las personas que puedan estar pasando por más dificultades y no tengan acceso a una vivienda que también las consideramos prioritarias.

“El derecho a la propiedad privada, el derecho a la vivienda y la inviolabilidad del domicilio pueden y deben de ser compatibles. Nuestro objetivo es acabar con las consecuencias tan negativas que actualmente sufren pequeños propietarios afectados que necesitan seguridad jurídica y que se ven desamparados por la fracasada política de vivienda que está llevando a cabo el Gobierno de España”, concluye.