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Amós García pide a la Junta que cumpla su responsabilidad en cuanto al control de los talleres mecánicos ilegales

El Parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería Amós García ha pedido a la Junta de Andalucía que actúe con “responsabilidad” en cuanto al control de los talleres mecánicos ilegales y cumpla con sus competencias que se reflejan en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en la Ley de Protección al Consumidor, y en un Decreto andaluz específico para el sector donde se atribuye específicamente la labor de vigilancia, control, inspección y sanción de las irregularidades que pongan en peligro la seguridad de los consumidores, algo que actualmente esto no se cumple.
García ha recordado como desde el Gobierno de la Nación se viene actuando de forma continua y constante desde hace muchos años, como así lo demuestran los datos que reflejan que por ejemplo en la capital se han cerrado 10 talleres ilegales en los últimos tres años, 7 por la actuación de la Policía Local y 3 a instancias de la Policía Nacional.

 

Además, explica como gracias a la colaboración entre la Guardia Civil, ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles) y GANVAM (Asociación Nacional de Vehículos a Motor) se han cerrado 248 talleres en toda Andalucía, y la Guardia Civil  ha denunciado más de 17.000 infracciones en las inspecciones a talleres mecánicos en 2014.

 

Esta actuación, continúa el parlamentario del PP, se repitió en 2015 y 2016. Concretamente, en los primeros seis meses del año pasado se volvieron a interponer 5.500 denuncias y se cerraron 128 talleres.

 

Amós García manifiesta que está claro que desde el Gobierno se está luchando contra este tipo de actividades ilícitas desarrolladas en el ámbito de la reparación y mantenimiento de vehículos incumpliendo la normativa reguladora, lo que a su juicio supone un “grave perjuicio para toda la sociedad” ya que se pone en peligro tanto la seguridad vial como la seguridad medioambiental, además de constituir un campo de cultivo propicio para el fraude fiscal por incumplir la normativa de la seguridad social y de los trabajadores, sin olvidar la competencia desleal para las empresas que cumplen todos los requisitos legales vigentes.

 

Todas estas actuaciones, que se han incrementado notablemente, según registro, pasando de 61 inspecciones realizadas en 2011 a 6.548 en 2014, han dado como resultado entre otras conclusiones, “la falta de colaboración, falta de atención al sector y falta de responsabilidad en cuanto a la ejecución de competencias propias de la Junta de Andalucía”.

 

Por ello, el parlamentario del PP ha pedido al PSOE que lleve al Parlamento propuestas para “impulsar y reforzar las actuaciones que se vienen haciendo desde el Gobierno central por parte de la administración autonómica, es decir, trabajar para cumplir con sus obligaciones en lugar de trabajar trayendo propuestas que eluden su responsabilidad en cuanto a la ejecución de sus competencias”.

 

“El Grupo Socialista se dedica a pedir cualquier actuación al Gobierno Central aunque sea la propia Junta la competente en determinadas acciones que le vienen asignadas incluso por la propia ley de protección a los consumidores, que publican y después no la desarrollan”, ha afirmado.

 

Finalmente, señala que si la Junta no se siente suficientemente motivada con las competencias que les atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ni con la Ley de Defensa y Protección de Consumidores de Andalucía, lo que tiene que hacer es redactar un Plan de Actuación que permita que la Administración autonómica cumpla con sus competencias en este materia.