El PP exige a Díaz que ofrezca soluciones a las 300.000 familias con viviendas ‘alegales’
La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, exigió hoy a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que antes de proponer nuevos modelo urbanísticos “ofrezca soluciones a las 300.000 familias afectadas por la situación de ‘alegalidad’ de sus viviendas”, fruto, dijo, del modelo de urbanismo socialista de los últimos 30 años en Andalucía”. Martínez pidió a Díaz que “repase” las 4.000 alegaciones que se han presentado al Decreto del Litoral, y reclamó que los cambios legales se hagan para “corregir” ese modelo fallido.
“Susana Díaz representa el modelo territorial desarrollado en Andalucía al amparo de la especulación, y las edificaciones ilegales y basado en la confrontación del Plan del Litoral” dijo la dirigente popular.
“Muchos andaluces tienen un problema con su vivienda construida en suelo No urbanizable, en muchos casos incluso tienen licencias, o si son urbanizaciones, tienen visto bueno de las Comisiones provinciales de Urbanismo, pagan contribución urbana e impuestos por el registro de las mismas. Sin embargo hoy están fuera de la legislación urbanística vigente y son perseguidas por el SEPRONA y la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el propio Cuerpo de Inspección de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, constituyendo un delito penal contra la ordenación del Territorio”, añadió
Alicia Martínez mantuvo un encuentro con dos de las principales asociaciones de afectados por esta situación, “fruto del urbanismo de los gobiernos socialistas”, AUAN (Almería) y SOHA (Málaga). Los afectados han llegado incluso a confederarse para formar una Plataforma Andaluza por la Legalización Urbanística.
Martínez explicó que “no se trata de una amnistía, sino de legalizar mediante un procedimiento adecuado que garantice el cumplimiento de la Ley y la protección del Medio ambiente, y sobre todo de resolver un problema debida a la dejación de funciones del gobierno andaluz”.
“El modelo urbanístico del PSOE en Andalucía ha permitido la proliferación de más de 300.000 viviendas construidas al margen de la ley, bajo la tutela de los ayuntamientos y de la Junta; muchos de los propietarios son compradores de buena fe”, aclaró la dirigente popular, quien prosiguió explicando que “antes de las últimas elecciones, el PSOE modificó la ley del suelo y además ha aprobado un decreto para la regularización de viviendas que se ha revelado absolutamente inútil, porque los propietarios y ayuntamientos están en un punto muerto”.
La vicesecretaria de Territorio del PP andaluz apuntó la “contradicción” que supone que no se aporten soluciones a estas familias mientras la presidenta de la Junta “apadrina en Marbella su nuevo modelo de urbanismo sostenible”. Además, hizo hincapié en el “tirón de orejas” que Bruselas ha dado a la Junta de Andalucía ante las quejas llegadas a través de los ciudadanos británicos afectados en la Costa del Sol.
“No se puede promocionar Andalucía como lugar para invertir si no se resuelve la inseguridad jurídica del Urbanismo en Andalucía, cuyo máximo exponente es el Algarrobico”, dijo. “La pasividad de las administraciones, contrasta con la ‘caza de brujas’ y ha supuesto una exhibición internacional de inseguridad jurídica”.
Así, anunció que el PP defenderá un manifiesto en todos los Ayuntamientos y propondrá la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento con participación de todos los grupos políticos, de los afectados y de expertos, “para que el bipartito aborde con urgencia una solución”.