El PP pide explicaciones al Consejero de Empleo sobre las adjudicaciones de los cursos de formación

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Aránzazu Martín ha señalado hoy que mañana el PP va a pedir explicaciones en el Parlamento Andaluz al Consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, sobre las adjudicaciones de los cursos de formación en Andalucía, que además han supuesto un “duro varapalo” nuevamente para la provincia de Almería, ya que según Martín “el 66% de las solicitudes almerienses han sido excluidas”.

Para Martín esto significa que una vez más Almería se encuentra “especialmente agraviada” ya que de las 95 solicitudes que se presentaron sólo 32 han resultado beneficiadas, y 63 han quedado en reserva, y todo esto tras cinco años sin programación de cursos de formación en Andalucía.

Pero el daño a la provincia es mayor si tenemos en cuenta que con el presupuesto que recibe Almería para los cursos de formación (5.019.043 euros, el 7,02% del presupuesto total) se convierte en la penúltima provincia de Andalucía en recibir subvenciones, estando sólo por detrás Huelva.

La parlamentaria del PP explica además que los Centros de Formación han llevado a cabo una serie de inversiones para adaptarse a los requisitos de los certificados de profesionalidad, sin embargo, cuando se publicó la convocatoria de 2016 con los criterios de valoración de solicitudes, conocimos que se han quedado fuera de la relación de entidades beneficiarias 2 de cada 3 centros que presentaron la solicitud en Andalucía.

Pero esto no es lo más grave, ya que según explica Martín los centros de formación que se han quedado fuera no volverán a estar dentro nunca si se siguen aplicando los criterios actuales (de las 896 solicitudes presentadas en Andalucía, 556 se han quedado en reserva sin cursos).

Aránzazu Martín, que ha tenido la oportunidad de reunirse con entidades afectadas, recibió las reclamaciones de éstas siendo una de las principales preocupaciones del sector que “el hecho de que se hayan quedado tantas fuera no ha sido por falta de presupuesto, ni porque incumplan los requisitos, ni porque hayan cometido irregularidades, sino porque el presupuesto se ha concentrado en unas pocas entidades. Por ello, las entidades están a favor de la Concurrencia Competitiva como sistema para la concesión de subvenciones, pero en contra de los criterios que favorecen solo a unos pocos”.

Es por ello que desde el PP se ha solicitado la comparecencia del Consejero de Empleo para que de explicaciones y diga si se va a adoptar algún tipo de medida en este sentido con el objetivo de alcanzar unos criterios que hagan justicia con tantas entidades que se han quedado fuera.

Aránzazu Martín afirma que la situación es “muy grave” ya que si contamos con una media de cuatro trabajadores por centro, esto supone 2.224 personas que se quedan sin trabajar, y en el caso de la provincia la cifra sería de más de 250 personas afectadas. Además, cientos de centros han tenido que cerrar durante los cinco años en los que no ha habido programación, y los 556 que han sido excluidos en Andalucía, corren el riesgo de tener que cerrar por falta de trabajo, al reiniciarse la oferta de cursos subvencionados.

A todo esto hay que añadir que las entidades de formación han presentado un recurso de reposición contra la resolución de la adjudicación de los cursos ya que la publicación definitiva se hace fuera de plazo, dado que el plazo máximo en el caso de la provincia de Almería era el 20 de marzo mientras que la fecha de resolución definitiva se produjo el 6 de abril.

“Esta falta de diligencia por parte de la Junta de Andalucía está provocando que el proceso de adjudicación sea aún más confuso puesto que de ser admitido el recurso podría verse anulado el proceso y volver a iniciar una nueva convocatoria de adjudicación”, afirma.

Finalmente, Martín lamenta que cinco años sin cursos de formación con el dinero que se ha tenido que devolver al Gobierno de España porque la Junta no ha sido capaz de ejecutarlo, ahora se saquen estos cursos con los que lamentablemente muchas personas y entidades se van a quedar fuera, y que en el caso de que la Junta hubiera cumplido con su obligación todas estas entidades estarían ya prestando sus cursos, lo que hubiera beneficiado a los parados de Almería que al fin y al cabo es el objetivo que se pretende.