Martín denuncia que la Junta “saquea en impagos” más de 30 millones a la Universidad de Almería
La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Aránzazu Martín ha denunciado esta mañana la deuda que la Junta de Andalucía mantiene con la Universidad de Almería, y con el resto de universidades andaluzas, y que según una contestación oficial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con fecha 24 de junio, asciende a más de 30 millones en el caso de la UAL, y a más de 616 millones si sumamos el conjunto de las 10 universidades públicas que hay en nuestra comunidad, cifra que se situaría en más de 834 millones si tenemos en cuenta el impago de ejercicios anteriores según la Oficina de Control Presupuestario.
Aránzazu Martín ha recordado que el pasado mes de septiembre los rectores ya lanzaron un SOS para denunciar el “progresivo deterioro en los niveles de pago de las transferencias comprometidas por parte de la Junta”, y que el PP ha pedido el pago de esa deuda en reiteradas ocasiones en el Parlamento. Sin embargo, lejos de subsanarse el problema, la realidad es que ha ido a más, porque si en septiembre los rectores cifraban la deuda en 700 millones, hace un par de semanas el consejero y el propio Griñán hablaban de 900 millones de euros.
En su intervención ante los medios, la parlamentaria del PP ha criticado que en el presupuesto para 2012 la Junta destinará un 12,34% menos al programa correspondiente a Universidad, lo que ha supuesto que bajaran las partidas para hacer frente a las nóminas del profesorado, las partidas para investigación, y las destinadas al funcionamiento básico de las universidades. Además, ha recordado que dada la situación “difícilmente se podrá hacer frente al pago de las becas Erasmus del curso 2011/2012 que aún se encuentran impagadas en su totalidad, y hacer frente a las del curso 2012/2013”.
“La Junta sigue el mismo “modus operandi” de siempre: promesas, incumplimiento de las mismas, impagos, deudas y, en estos momentos, ruina económica para las entidades acreedoras del gobierno autonómico (ayuntamientos, entidades sociales o universidades)”, ha dicho.
Cifras referentes a la UAL
Aránzazu Martín ha desglosado todas las cifras referentes a la Universidad de Almería que aparecen en la respuesta dada por la Consejería de Economía. Sobre la financiación operativa estructural y vinculada a resultados ha manifestado que para el ejercicio 2013 sumaban 32,5 millones de euros, sin embargo, sufrieron un recorte de 3,5 millones que ha supuesto por ejemplo que “para este curso se hayan dejado de contratar un total de 103 profesores asociados; que se haya visto resentido el mantenimiento de los edificios; o que se hayan producido recortes en los contratos programas y en los incentivos vinculados a resultados a través de contratos que la UAL firma con la Junta”.
La parlamentaria del PP ha señalado que a este recorte de 3,5 millones hay que sumar la deuda reconocida por la Junta que asciende a casi 9,5 millones de euros. Y tampoco podemos olvidar que “a 1 de junio de 2013, la partida de 32,5 millones ha tenido una ejecución de 0 euros”.
Sobre la financiación operativa de investigación, la Junta destinó a la UAL casi 19 millones de euros, y el recorte de estas partidas fue en torno a 800.000 euros. Pues bien, a fecha 1 de junio de este año tampoco se había ejecutado nada de esta partida.
Aránzazu Martín, ha explicado que el problema no es que venga menos dinero para investigación, sino que “partimos de una deuda acumulada de casi 20 millones para la UAL porque, por ejemplo, hay proyectos de investigación de hasta el año 2008 impagados y cuyo pago ha adelantado la universidad”.
En definitiva, “la deuda reconocida por la Junta de casi 30 millones es más si tenemos en cuenta que no se han computado la totalidad de los pagos pendientes no ejecutados de ejercicios anteriores”.
Por otra parte, Aránzazu Martín ha criticado que la Junta incumple la propia Ley Andaluza de Universidades de 2003 que determina que son ingresos de las universidades públicas andaluzas, además de los procedentes de los precios públicos y cuantos otros ingresos de derecho público y privado puedan obtenerse, las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía en aplicación del modelo de financiación vigente, bajo los principios básicos —entre otros— de suficiencia financiera y corresponsabilidad en la obtención de recursos para su financiación.
Por último, Aránzazu Martín ha señalado que son los gestores universitarios, y no el Gobierno Andaluz, quienes con un gran esfuerzo de rigor presupuestario, están sacando “las castañas del fuego” a la Junta y buscando mecanismos que permitan, entre otras cosas, poner a disposición de los investigadores los recursos necesarios para cubrir mínimamente sus necesidades.
“Los retrasos en el cobro de las transferencias comprometidas han provocado una situación de tesorería insostenible cuyas consecuencias se están reflejando en impago a proveedores, a los becarios Erasmus, programas de investigación cancelados, y bastantes otros aspectos esenciales para el funcionamiento de las universidades”, ha finalizado.
